Diferencias y analogías entre el "ingreso mínimo vital" y el subsidio previsto por el Gobierno it.

Comparación entre el "ingreso de ciudadanía" lanzado por el Gobierno Conte y el "ingreso mínimo vital" del Presidente Sánchez.


En España, las medidas de apoyo, adoptadas por el Gobierno en los últimos años, han permitido a millones de personas recibir diversas formas de subsidios; entre ellas encuentra el conocido “ingreso de ciudadanía”.


El ingreso de ciudadanía, denominado en España como "ingreso mínimo vital", hace su entrada en el ordenamiento español en 2018 a través del Gobierno, todavía en función, de Pedro Sánchez. El objetivo del Presidente español era destinar el subsidio a 850.000 familias, lo que supone un total de 2,3 millones de personas en situación de pobreza extrema. El importe por familia oscila entre un mínimo de 462 euros y un máximo de 1.015 euros al mes por todos los 12 meses; dependiendo de la composición del hogar, hablamos de cifras un poco más bajas que las previstas en Italia donde, en cualquier caso, el importe medio es ligeramente superior a los 550 euros.



Según la normativa española en materia de subsidios, la solicitud para acceder al "ingreso mínimo vital" puede ser avanzada por la población de 23 a 65 años de edad (con el umbral mínimo de 18 años, si en presencia de menores a cargo) residente sin interrupción en España desde hace al menos un año. En aras de la exhaustividad, es necesario especificar que haber vivido de forma independiente durante al menos un año, o tres en caso de personas físicas, y de haber pagado al menos un año de cotización y estar inscrito en las listas de empleo, constituyen requisitos de acceso. En el caso de las así llamadas "unidades de convivencia", formadas por personas que viven juntas, compartiendo los gastos domésticos, por vínculo familiar o como parejas de hecho, hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o adopción, las únicas titulaciones a recibir la contribución serán las formadas por al menos un año en la fecha de la solicitud.


La denominación de la renta de la ciudadanía en España varía de una región a otra. En Madrid como más al sur, en Andalucía, lo llaman "Renta Mínima de Inserción", en Cataluña "Renta garantizada de ciudadanía", en Galicia “renta de integración social”. En el País Vasco cambia la denominación, y con ella también la disciplina: la "renta de garantía de los ingresos" más alta del País asciende a 665 euros mensuales, y permite a los 65000 perceptores mantenerse apenas por encima del umbral de pobreza.


Respecto al ingreso de ciudadanía italiano, se observan algunas diferencias evidentes que van más allá de la mera denominación del subsidio. En general la fórmula italiana prevé, entre los requisitos, la titularidad de la ciudadanía italiana o europea y el hecho de haber vivido en Italia por al menos diez años, de los cuales los últimos dos de forma continuada. Para el ingreso mínimo vital es suficiente un año de residencia ininterrumpida en España, incluso por parte de extranjeros. Al igual que el sistema italiano, en España se exige que el perceptor esté activo en la búsqueda de trabajo. La norma española establece que “para acceder al ingreso mínimo vital hay que estar registrado como solicitante de empleo, tanto para los mayores como para los menores emancipados, si no trabajan”.


Por otra parte, conviene señalar algunos puntos críticos del sistema español. Entre otras cuestiones, la mayor preocupación se refiere a la lentitud burocrática y a los plazos de espera, teniendo en cuenta que en España se necesitan no menos de seis meses para conceder la ayuda. Además, la falta de una planificación nacional uniforme da lugar a manifiestas diferencias de trato entre los beneficiarios que residen en regiones diferentes. En efecto, por lo que concierne el pago de los ingresos, diferentemente del Ecuandramiento de Madrid que no prevé límites temporales, en Cataluña el límite es de 12 meses, prorrogable a 60 - aquí una pareja con tres hijos puede cobrar hasta 1.062 euros.



En conclusión, se puede observar que la máquina de los apoyos en España funciona de manera diferente de la iniciada en Italia por el Gobierno Conte I, por lo menos desde el punto de vista de la disciplina, dadas las analogías que pueden encontrarse con respecto a la instalación burocrática. En particular, las modalidades de pago del ingreso mínimo vital se basan en criterios destinados a generar disparidades entre los solicitantes de diferentes regiones, independientemente de su situación económica. Esto basta para desear que el Gobierno español reforme el sistema de las subvenciones a través de un diseño unitario basado en criterios proporcionales, equilibrados y, sobretodo, justos.


Articolo a cura di: Giuseppe Mafrica



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